Entendemos aquí por “gobernanza” el conjunto de decisiones tomadas por los múltiples actores sociales con influencia en un recurso de interés, en nuestro caso el conjunto de explotaciones (“dehesas” individuales) integradas en el amplio territorio de la Dehesa, y que es gestionado por agentes privados (propietarios, arrendatarios y empresas asociadas) y públicos (administración a distintos niveles). En esta ponencia describiremos el conjunto de actores y las relaciones que mantienen entre sí. Asimismo trataremos de evidenciar las carencias que esta red de interacciones sociales presenta y que explican la situación generalmente difícil de las explotaciones y del conjunto del territorio. Del análisis del conjunto de agentes y su funcionamiento cabe concluir que: (1) las administraciones con competencias en materia de Dehesa no cuentan con un marco regulador específico ni se coordinan para evitar redundancias en los esfuerzos o aprovechar sinergias; (2) la singularidad de la Dehesa es escasamente reconocida por las administraciones y ello da lugar a políticas contradictorias o ineficaces; (3) el sector privado tiende a organizarse en entidades atomizadas con escasa capacidad para la cooperación intersectorial, lo que debilita su influencia en las esferas de decisión relevantes; (4) recientemente asistimos al surgimiento de un importante movimiento a favor de la cooperación entre sectores y la creación de un marco legislativo unificado; (5) al margen del escaso progreso en el ámbito legislativo, el “super-sector” de la Dehesa cuenta con una cada vez mayor capacidad de cooperación para la consecución y ejecución de proyectos con fines concretos y visibles en las explotaciones, principalmente aquéllas cuyos gestores participan en redes de cooperación de I+D financiadas con fondos públicos; y (6) el notable esfuerzo de investigación dedicado a la Dehesa adolece de una grave fragmentación y falta de objetivos estratégicos, lo que entre otras cosas explica la persistencia de problemas estructurales como la falta de regeneración y mortalidad del arbolado o la gravísima problemática relacionada con la sanidad animal. Asimismo, las dificultades para la transferencia del conocimiento en materia económica siguen generando distorsiones en las estrategias de intervención con fondos públicos, lo que en general impide una asignación condicionada a la sostenibilidad de las explotaciones.